Las entidades binacionales no son los únicos únicos organismos que eluden a la Contraloría General de la República (CGR), encargada de supervisar las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades. En efecto, son numerosos los que aparentemente buscan que su posible mala administración sea avalada por el Tribunal de Cuentas (TC), sin ser auditados por el órgano contralor por excelencia; invocan un fallo de la Corte Suprema de Justicia que encargó a esa dependencia judicial juzgar también las cuentas de inversión presupuestarias, tras una acción de inconstitucionalidad promovida en 2003 por la propia Corte Suprema de Justicia y algunos intendentes. Ahora, el contralor Camilo Benítez se muestra “muy preocupado” porque los senadores aprobaron un proyecto de ley que, modificando el sancionado por la Cámara Baja, faculta a dos de las nuevas salas a juzgar las cuentas de inversión del Presupuesto nacional.
Excluir a la Contraloría solo beneficia a quienes tienen algo que esconder
Las entidades binacionales no son los únicos organismos que eluden a la Contraloría General de la República (CGR), encargada de supervisar las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades. En efecto, son numerosos los que aparentemente buscan que su posible mala administración sea avalada por el Tribunal de Cuentas (TC), sin ser auditados por el órgano contralor por excelencia; invocan un fallo de la Corte Suprema de Justicia que encargó a esa dependencia judicial juzgar también las cuentas de inversión presupuestarias, tras una acción de...
¿El motivo? Según la máxima instancia judicial, la Ley N° 2248/03, que encargó al TC entender solo en los casos contencioso-administrativos, era inaplicable por no haber previsto el destino de los procesos tramitados en la Segunda Sala del TC sobre liquidaciones presupuestarias. A diferencia de la clara norma constitucional relativa a la CGR, la que atañe al mencionado organismo judicial solo se limita a crearlo, encargando a la ley todo lo relativo a su composición y competencia. Como es obvio, esa ley no podría cercenar facultades ajenas otorgadas por una normativa de mayor rango ni...
Si a ello se suma que los recursos humanos y materiales del TC ni siquiera bastan para auditar una pequeña entidad pública, es comprensible que el contralor Camilo Benítez se muestre “muy preocupado” porque los senadores aprobaron un proyecto de ley que, modificando el sancionado por la Cámara Baja, faculta a dos de las nuevas salas a juzgar las cuentas de inversión del Presupuesto nacional. Como corresponde, el proyecto original solo ampliaba dicho tribunal, que debe tener “competencia, exclusivamente, en los juicios contencioso-administrativos”.
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