Fonacide, en siete años, ha destinado a municipalidades y gobernaciones más de US$ 451 millones para mejorar las instituciones públicas. Sin embargo, las autoridades públicas en su mayoría, lo vieron como una fuente de enriquecimiento ilícito. Como resultado del despilfarro, los techos de las aulas colapsaron sobre las cabezas de los estudiantes en todo el país.
El 21 de setiembre del 2012 fue promulgada la ley Nº 4758 que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). A partir de allí, y durante los gobiernos de Fernando Lugo (2008-2012), Federico Franco (2012-2013), Horacio Cartes (2013-2018) y parte de Mario Abdo Benítez se destinaron US$ 451 millones (G. 2,7 billones) a municipios y gobernaciones. De ese total, G. 2,1 billones fueron administrados por los Intendentes y G. 545.540 millones por gobernadores.
Pero un informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que desde el 2013 hasta junio de este año, G. 16.091 millones (US$ 2.554.127) de Fonacide fueron utilizados de forma irregular por gobernadores e intendentes. La malversación de estos recursos quedó en evidencia con los sucesivos derrumbes de techos en aulas públicas.
El peor caso ocurrió el 30 de setiembre 2015 –Roberto Cárdenas (ANR, cartista) era intendente de Lambaré– cuando el techo de un aula del Colegio Nacional de Lambaré colapsó sobre los alumnos, dejando como saldo a 13 menores y una docente, heridos. A partir de allí, se produjo un efecto dominó entre el 2016 y 2017, periodo en que techos y paredes de aulas públicas comenzaron a colapsar. Según archivos de este diario, solo en el 2016 hubo 12 casos, es decir, uno cada mes. Fonacide recibe recursos de la compensación por la cesión de la energía de la Itaipú al Brasil, y fue concebido para...
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