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Mientras el cartismo advierte con un eventual juicio político ante restitución de la exsenadora, ministros de la Corte analizan maniobras para evitar un choque de poderes.
La resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la acción de inconstitucionalidad contra la expulsión de la exsenadora Kattya González del Congreso se ha convertido en un intrincado campo de maniobras y presiones cruzadas que amenazan con desembocar en un choque institucional de proporciones.
Por un lado, el poderoso cartismo, liderado por Horacio Cartes, no oculta su disposición a impulsar un juicio político contra aquellos ministros que avalen el retorno de la opositora al Palacio Legislativo, en un gesto interpretado como una amenaza velada.
Los oficialistas esgrimen que la eventual reincorporación de González representaría una violación al artículo 3 de la Constitución Nacional, que consagra la independencia entre los poderes del Estado, arguyendo la potestad exclusiva del Congreso para definir la permanencia de sus miembros.
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