Esther Roa se hizo cargo de la misiva, en la que se considera un hecho de suma gravedad, el intento de soborno para tratar de frenar denuncias que involucra al senador.
Sostienen que él mismo defraudó peligrosamente la confianza ciudadana, y que por esa razón, sus pares tienen la obligación de recuperar la credibilidad institucional, a través de la pérdida de investidura del parlamentario.
“La conducta imputada al senador consistió en el hecho de haber mediado en su condición de congresista a favor de un amigo propietario de una empresa de seguridad que se hallaba en proceso de contratación con el IPS”, se hace referencia en la nota.
“La mediación se materializó con la intención de silenciar a Juan Carlos Lezcano, que llevaba a cabo una serie de publicaciones relacionadas a una investigación periodística sobre la contratación multimillonaria”, se indica.
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