Miembros de la sociedad civil se mostraron cansados por violaciones constantes a las leyes, de parte de parlamentarios y otras autoridades que ubicaron a sus familiares en el Congreso.
Por supuestos “nombramientos irregulares”, “intercambios de favores políticos” y “nepotismo pésimamente disfrazado”, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, nueve legisladores y ocho funcionarios (parientes) fueron denunciados antes la Fiscalía General, tras la masiva contratación de familiares en la función pública, específicamente en el Congreso.
La denuncia fue por tráfico de influencias, lesión de confianza y cobro de indebido de honorarios en contra del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, de los senadores: Silvio Beto Ovelar, Édgar López y Líder Amarilla; y de los diputados: Roya Torres, José Adorno, Benjamín Cantero, Alejo Ríos y Raúl Latorre (presidente de la Cámara Baja).
Asimismo, fueron denunciados los familiares de las autoridades mencionadas: Montserrat Alliana, Alejandro Ovelar, Elías Godoy, Vidala Franco, Andrea Paredes, Silvana Adorno, Silvia Vega, Élida Ríos y Neyde Amarilla.
Las abogadas María Esther Roa y Carmen Rodríguez pidieron una investigación ante estos hechos, que, según afirmaron, son una “clara y flagrante violación de la Ley N° 1626/2000 (De la Función Pública).
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