Sin techo, pupitres ni ventiladores, nuestra educación es la eterna aplazada que sufre consecuencias de la clase política. Ah, pero ojo con los celulares pues, para el MEC, es una prioridad evitar estos aparatos dejando de lado las condiciones de nuestras escuelas.
Nadie, con uso de neuronas, niega que la salvación de cualquier país hundido en la ignorancia y la mediocridad es un sistema educativo que brinde las herramientas necesarias para el estudiante. Aunque muchos de nuestros colegios tengan árboles de mango como infraestructura, al parecer, un teléfono celular usado en clases es más cuestionable que las condiciones de una institución.
De entrada sabemos que algo no cuadra, cuando el dinero destinado por parte del Fonacide desvía su camino a la educación y llega a la cuenta bancaria de algún que otro político ladrón. "Lo que sobra para educación" compone la frase que la clase política nos da a entender cuando no se alcanza, al menos, el 5% del PIB del 7% que, según la Unesco, debería ser destinado a la formación de niños y jóvenes.
El presidente de la República promulgó la semana pasada una ley que busca regular el uso de estos aparatos en instituciones educativas privadas, públicas y subvencionadas. La normativa fue sancionada por el Congreso en noviembre del año pasado.
Desde el punto de vista profesional, los smartphone son contraproducentes para el alumnado, pero dichos aparatos, muchas veces, cumplen mejor el rol de profesor que un docente "capacitado".
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