La notoria honorabilidad y el reconocimiento social en la actividad pública o privada son requisitos esenciales establecidos en la Constitución y el reglamento interno del Consejo de la Magistratura para integrar la terna para la Corte. En consecuencia, los consejeros están obligados a seleccionar a los aspirantes que cumplan estas exigencias y dejar de lado las presiones políticas, que son muy fuertes en el concurso. Hay una convocatoria ciudadana para seguir el proceso.
El artículo 258 de la Constitución Nacional exige que los ministros de la Corte Suprema gocen de notoria honorabilidad, o sea que sean personas honradas, merecedoras del respeto o la estima de los demás.
En consonancia con la disposición constitucional, el artículo 51 del Reglamento del Consejo para el proceso de conformación de terna para el alto tribunal, refiere que en la “evaluación cualitativa” (que es la última, vale 20 puntos y se hace hoy antes de la integración de terna), se deben analizar la calidad de la trayectoria y el desempeño profesional de los aspirantes y el “reconocimiento social” que ostentan, tanto en la actividad pública o privada.
El reglamento también habilita al Consejo a requerir informes a las organizaciones intermedias y gremios sobre la consideración de la que gozan los aspirantes en la comunidad jurídica o circunscripción judicial en la que se desempeñan. Este aspecto igualmente es muy importante para que los seleccionados puedan ser los mejores y con la “notoria honorabilidad” requerida por la Carta Magna.
Los consejeros, que son todos abogados, no pueden desconocer la trayectoria y el desempeño de cada uno de los postulantes en la comunidad jurídica, tanto de los letrados que se dedican a la profesión en forma privada o los magistrados que hace años se desempeñan en el Poder Judicial.
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