El Poder Ejecutivo vetó ayer totalmente el proyecto de ley que impedía realizar una serie de trámites al ciudadano que no paga la multa establecida por no votar, y que por ende, recibió el nombre de “muerte civil del elector”. La mencionada ley, aprobada por ambas Cámaras del Congreso, determinaba una multa de G. 40.000, aproximadamente, que equivale a medio jornal mínimo, para las personas que no hayan cumplido con la obligación de votar.
Señalaba que en el caso de no efectuar el pago, el ciudadano no podría realizar trámites ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), retirar su pasaporte y antecedentes policiales en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, trámites ante la Dirección General de los Registros Públicos, trámites ante la Dirección General de Catastros, trámites ante la Dirección General de Registros del Automotor, trámites administrativos ante las municipalidades y gobernaciones y, finalmente, serían suspendidos los beneficios de la ley de regulación de transferencias monetarias...
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