Mario Vega, titular del Indert, explicó que la medida permitirá la regularización de 68.000 hectáreas, con la firma del protocolo. La inscripción de estas tierras fue posible mediante el trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, a través de la Acordada N° 84/98 de la Corte Suprema de Justicia.
Comentó que en 1970 las tierras fueron adquiridas por la firma financiera para la explotación maderera. Se otorgó como garantía hipotecaria a favor del BNF y ante las deudas impagas quedó con la propiedad.
Refirió que el proceso de ocupación de las tierras continuó con la autorización del BNF y la intervención de la colonización militar. “Hasta que el problema de la ocupación irregular, luego de 2005, el Congreso sancionó y fue promulgado por el Ejecutivo la ley de expropiación que autoriza al BNF la transferencia a favor del Indert para que sea destinada a favor de los sujetos de la reforma agraria”, explicó.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez, remarcó que está satisfecho de formar parte del equipo de trabajo que impulsó la recuperación de las tierras que fueron vendidas tras la Guerra de la Triple Alianza al magnate franco-argentino, Domingo Barthe.
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