La decisión del veto presidencial fue dada a conocer por Hernán Huttemann (asesor jurídico), Gail González (titular del Indert) y Cristina Goralesky (Infona). “Desde el análisis jurídico que realizamos con Infona, Indert y el Mades, llegamos a la conclusión de que estaríamos frente a una contraposición entre lo que establece el proyecto y lo que prevé la Ley de Deforestación Cero, recientemente promulgada”, expresó Huttemann. En busca de apaciguar los ánimos, el Ejecutivo promete no solamente entregar las tierras cuya propuesta debe pasar por el Congreso, sino también habla de un proyecto de construcción de viviendas sociales y la implementación de proyectos de producción campesina a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la provisión de energía eléctrica a la comunidad.
La decisión del veto presidencial fue dada a conocer por Hernán Huttemann (asesor jurídico), Gail González (titular del Indert) y Cristina Goralesky (Infona).
Desde el Ejecutivo argumentaron que observaron que el proyecto de ley de expropiación de las tierras en disputa en Marina Cué colisiona con la Ley de Deforestación Cero.
La propiedad asentada en Curuguaty fue testigo del sangriento enfrentamiento que en el 2012 terminó con la vida de policías y campesinos. Además puso fin al mandato de Fernando Lugo con el juicio político.
REIVINDICACIÓN HISTÓRICA. Mario Abdo había celebrado la sanción que dio el Congreso al proyecto que pretendía regularizar las tierras donde ocurrió la masacre. Durante un acto en Canindeyú habló de reivindicación histórica y aplaudió que los campesinos no tuvieron que recurrir al cierre de rutas para lograr su objetivo.
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