A inicios de diciembre se trató el proyecto de ley que aprueba el Acuerdo de Escazú, un tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, pero el Poder Ejecutivo retiró dicho proyecto del Congre
A inicios de diciembre se trató el proyecto de ley que aprueba el Acuerdo de Escazú, un tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, pero el Poder Ejecutivo retiró dicho proyecto del Congreso Nacional tras algunas críticas hacia el mismo.
A raíz de lo acontecido, el Ejecutivo explicó que se volverá a analizar el Acuerdo luego de las ferias ya para inicios de marzo del 2020. Los referentes de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), también alzaron su voz mediante un comunicado en donde expresan una postura al respecto.
“Es cierto que existen problemas de calidad del medio ambiente, pero hoy tenemos los elementos y las instituciones para protegerlo, lo que falta ciertamente es una férrea voluntad política para realizar acciones y así también dejar de coexistir con el concepto de los privilegios. El acuerdo Escazú viola las leyes de nuestro país bajo una intención benévola que al final perjudica a la producción y a la economía ambiental”, expresó Víctor Pavón, abogado y economista.
Argumentó al respecto que en el documento se expresan algunos puntos que van en contra de la Constitución Nacional, como el derecho de acceso. “Este derecho permite que toda persona u ONG ambiental pueda involucrarse y, al solo efecto de alterabilidad del medio ambiente, parar cualquier tipo de actividad. Esto, unido al concepto de principio precautorio (que dice que, sin necesidad de veracidad científica, se pueda suspender por decisión política alguna actividad determinada), podrían acabar con la producción”, sostuvo.
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