El funcionario, que no es de carrera diplomática, prestaba servicio en la representación consular, por nombramiento político. Está imputado por los hechos punibles de producción de documento no auténtico y abuso de documento de identidad, producidos en el marco de una campaña gremial en la Facultad de Derecho de la UNA.
La ARRN fue creada en 2014, como ente autárquico, responsable de la regulación y el control para el uso seguro de las radiaciones ionizantes en el Paraguay.
El Ejecutivo también aceptó la comisión de María Celeste Pérez Báez, funcionaria de la Dirección General de Migraciones, y Lissie Angélica Martí Díaz, funcionaria del Instituto de Previsión Social (IPS) para prestar servicios en el MRE.
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