“Debemos aprender a confiar en las instituciones” pedía un diputado esta semana, al ser preguntado sobre el proceso abierto a un fiscal dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Lo decía como si estuviese hablando de un tribunal sueco, noruego o finlandés, y pretendiese hacernos olvidar la reciente historia de podredumbre institucional del órgano que integra, que quedó documentada con la difusión de las conversaciones en las que se manipulaban sentencias y absoluciones dependiendo de los intereses existentes sobre los ocasionales clientes, cómplices o víctimas durante la presidencia de Óscar González Daher.
El diputado en cuestión es Orlando Arévalo, representante de la cámara baja ante el jurado, quien respondía así al referirse al caso del fiscal Luis Said, sobre quien el jurado abrió un proceso argumentando inacción en una de las cientos de causas que existen en su unidad.
La causa en cuestión fue abierta por una denuncia ante la fiscalía en el año 2018, por parte de Ramón Retamozo, entonces presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).
Fue en junio del año pasado, cuando el jurado ya integrado por el mismo Retamozo en su carácter ahora de senador, inició la investigación al fiscal y lo acusó cuatro meses más tarde por inacción y falta de imputación en aquella causa.
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