Un proceso electoral manipulado para la reelección del candidato ilegal Evo Morales, en un país sin Estado de derecho, sin división ni independencia de poderes, con presos y exiliados políticos, sin libertad de prensa, sin libertad de organización política y por lo tanto con flagrantes violaciones a los derechos humanos. Es la “dictadura electoralista” de Bolivia avalada por Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, que repite el “iter criminis de la usurpación” que hoy oprime a Venezuela.
Iter criminis significa el proceso de desarrollo del delito. Se describe como el camino que un delincuente atraviesa desde el momento que idea llevar a cabo un delito, pasando por la preparación y ejecución de los pasos intermedios del mismo hasta acabar con la consumación del acto criminal.
Dictadura electoralista es el régimen que por la fuerza o violencia concentra todo el poder político en una persona o en grupo, que reprime los derechos humanos y las libertades fundamentales y utiliza las elecciones como medio de simulación y propaganda para mantenerse indefinidamente en el poder.
Venezuela es una dictadura electoralista desde que Hugo Chávez suplantó el Estado de derecho para perpetuarse en el poder hasta su muerte. La condición de dictadura electoralista fue aplicada para forzar la denominada elección de Nicolás Maduro como sucesor de Chávez. Con la convocatoria a elecciones presidenciales de mayo de 2018 se vio con claridad para los venezolanos y para el mundo el iter criminis de la “usurpación del poder”, declarado en enero de 2019, cuando la comunidad internacional reconoció como presidente de Venezuela a Juan Guaidó.
El iter criminis de la “usurpación del poder” también se aplicó en Nicaragua por y para beneficio de Daniel Ortega, quien, haciendo desaparecer el Estado de derecho, terminó con la división e independencia de los poderes públicos para realizar elecciones manipuladas y fraudulentas, para detentar el poder de facto.
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