Foto: Gentileza La Comisión del Senado que investiga la mafia de los pagarés pidió al Banco Central que inspeccione al BNF, tras detectar irregularidades en los descuentos de salarios y jubilaciones, aparentemente administrados por una firma privada sin vínculos claros con la entidad estatal. Según Filizzola, la Comisión detectó múltiples situaciones preocupantes, entre ellas descuentos que no contarían con el consentimiento de los afectados, retaseo de información a los clientes y una presunta vinculación del banco estatal con una empresa privada encargada de administrar los descuentos de embargos judiciales.
La Comisión del Senado que investiga la mafia de los pagarés pidió al Banco Central que inspeccione al BNF, tras detectar irregularidades en los descuentos de salarios y jubilaciones, aparentemente administrados por una firma privada sin vínculos claros con la entidad estatal.
La Comisión Especial de Investigación sobre la mafia de los pagarés del Senado recibió este lunes a representantes del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de las diligencias abiertas sobre presuntas prácticas ilegales relacionadas con el cobro de deudas. Tras la audiencia, el presidente de la Comisión, senador Rafael Filizzola, anunció que solicitaron una inspección al Banco Nacional de Fomento (BNF) por posibles irregularidades detectadas durante la investigación.
“Conversamos sobre las aristas y los problemas que estamos identificando dentro del sistema bancario, en relación con esta trama delictiva conocida como la mafia de los pagarés. En particular, pedimos al Banco Central que realice una inspección al BNF, donde hallamos irregularidades serias”, declaró el legislador.
El BNF es la entidad encargada de gestionar el pago de salarios de funcionarios de instituciones y entidades pública, así como de jubilaciones y pensiones del sector estatal. Según Filizzola, la Comisión detectó múltiples situaciones preocupantes, entre ellas descuentos que no contarían con el consentimiento de los afectados, retaseo de información a los clientes y una presunta vinculación del banco estatal con una empresa privada encargada de administrar los descuentos de embargos judiciales.
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