Dos denuncias por lavado de activo que involucra a “operadores de intermediación financiera ilegales” que trabajan con comercios ubicados en la frontera con Brasil, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá, fueron denunciados ante el Ministerio Público. Sin embargo, supuestamente los fiscales Alma Zayas (de Asunción) e Ysrael Villalba (CDE) no impulsan diligencias para esclarecer el hecho, según los denunciantes cuyos nombres mantenemos en reserva. En el vecino país se utiliza mucho como medio de pago la transferencia (SIPAP) nacional de Brasil llamado PIX, que, debido a su popularidad, los turistas brasileños y residentes temporales en Paraguay exigen a los comercios este medio de pago por los productos y servicios que consumen. Empero, las intermediarias que operan en la frontera no estarían habilitadas por Seprelad, evadirían impuestos y vulnerarían controles del BCP.
En la denuncia ante la Fiscalía, se explica que el PIX puede ser canalizado hacia Paraguay desde que las empresas estén en el país, habilitadas por los órganos estatales pertinentes, paguen sus impuestos, estén controladas, habilitadas por los órganos de rigor como Seprelad y tengan políticas de prevención de lavado de activos y prevención de la proliferación de terrorismo.
“En los últimos tiempos los comercios de frontera se han volcado a aceptar este medio de pago, cerrando contrato con dudosas empresas que no están habilitadas en el país y repatriarían los fondos mediante tráfico de dinero en efectivo, que los comercios luego declaran como venga cas; o en algunos casos vulnerando controles de la Superintendencia de Banco de las entidades bajo su control”, refiere la denuncia que se radicó ante el Ministerio Público.
“La falta de control, en los últimos tiempos permitió que empresas extranjeras de dudoso origen ofrezcan el servicio de intermediación financiera, sin más trámite que la gestión de un promotor local violando las disposiciones legales vigentes en materia de estas actividades”, añade la presentación que está cargo de los fiscales.
La primera acción impulsada por la empresa paraguaya que opera legalmente, fue ante la Policía de Delitos Económicos, que hizo una investigación de campo y corroboró los datos en distintos comercios sobre la presencia de las empresas mencionadas en la denuncia. Con base a estos y otros elementos se decidió hacer la denuncia ante el Ministerio Público, Seprelad (siendo ministro René Fernández), BCP y la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación.
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