En una de las proezas judiciales más notables de los últimos años, la Jueza Tania Irún suspendió su permiso de maternidad y sin saber si estaba reincorporada o no a sus funciones, leyó un expedient…
En una de las proezas judiciales más notables de los últimos años, la Jueza Tania Irún suspendió su permiso de maternidad y sin saber si estaba reincorporada o no a sus funciones, leyó un expediente de 19 tomos, “analizó” las pruebas y en menos de una hora redactó una sentencia de más de 30 páginas.
Con su fallo, Irún favorece a cuatro empresas “offshore” (cuyos socios se desconocen) con 300 mil hectáreas ubicadas en la frontera entre Paraguay y Bolivia violando la Ley Nº 2.532/05 de Seguridad Fronteriza que dice lo siguiente.
La citada normativa, crea una “zona de seguridad fronteriza en la franja de 50 kilómetros adyacente a las líneas de frontera terrestre y fluvial dentro del territorio nacional” Al mismo tiempo, establece que “salvo autorización por decreto del Poder Ejecutivo, fundada en razones de interés público, como aquellas actividades que generan ocupación de mano de obra en la zona de seguridad fronteriza, los extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes de la República o las personas jurídicas integradas mayoritariamente por extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes...
Lo más relevante para el caso, guarda relación con el artículo tres de la Ley, que establece: “Serán nominativas y no endosables las acciones o títulos de las sociedades por acciones y los certificados de aportación de las cooperativas de aquéllos que pretenden ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza.”.
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