Según informes oficiales del Ministerio de Hacienda, entre el 2020 y 2021, plena crisis económica por el covid-19, la Defensoría del Pueblo, a cargo del cartista Miguel Godoy, recaudó por pago de carnet de objeción de conciencia G. 1.823 millones. El polémico proyecto de ley que declara la “muerte civil” del objetor de conciencia triplicará los ingresos de la institución.
Defensoría recaudó G. 1.800 millones en contribución de objetores al SMO
El proyecto de ley que plantea la modificación del artículo 20 y 21 de la Ley N° 4013/10 “que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y establece el servicio sustitutivo al mismo en beneficio de la población civil” cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
La iniciativa legislativa presentada por el diputado Derlis Maidana (ANR, HC) y del diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA) busca forzar a los objetores de conciencia de 1992 al 2010 a “regularizar” su situación con optar entre prestar un servicio sustitutivo o pagar una contribución equivalente a cinco jornales mínimos (G. 440.225).
Si bien ya está establecido en la ley 4013/10 el servicio sustitutivo o el pago de la “contribución” el proyecto de ley que ahora pasa al Senado busca forzar al objetor de conciencia a realizar un servicio social o pagar los G. 440.225 estableciendo sanciones como la inhabilitación de realizar trámites para obtener el pasaporte, acceder a becas y a concursos para ingresar a la función pública.
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