Un proyecto de ley que generó mucho debate en este último trimestre fue el que proponía incorporar la deducibilidad del «IVA a las compras de supermercado». Desde luego, esa conceptualización es algo coloquial, como es usual en las expresiones construidas para bajar a tierra una idea y difundirla mediáticamente.
En realidad, consiste en la modificación de los artículos 88 y 89 de la Ley 6380/2019, de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional, que hubiera permitido a los proveedores de servicio la deducibilidad del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por compras de productos alimenticios, vestimentas y otros conceptos que usualmente no serían deducidos bajo la ley actual, salvo que se encuentren relacionados con el servicio proveído.
Luego de las idas y vueltas, el Poder Ejecutivo finalmente vetó por completo la Ley y en contrapartida, emitió un decreto posibilitando una deducción parcial de hasta el 30%.
Inicialmente, la exposición de motivos que justificaba el proyecto mencionaba –entre otras cosas– que la no inclusión de facturas de supermercados entre los gastos deducibles «constituye un golpe contundente a la clase trabajadora», es decir, que la idea era apoyar al sector de menores ingresos.
Sin embargo, esta argumentación tropieza con una imprecisión: los trabajadores suman unos 3,6 millones de personas, en tanto que los potenciales beneficiarios de esta ley constituyen apenas unos 273.000 (de los cuales, solo 65.000 tributan), por lo que la iniciativa parlamentaria privaría del beneficio al 93% de los trabajadores, lo cual atenta contra la equidad tributaria.
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