El apriete de diputados colorados y llanistas a fin de intentar frenar el fallo de la Corte para hacer públicas las declaraciones juradas de bienes de autoridades y exautoridades puede configurarse en un delito con pena de hasta 10 años de prisión. También es causal de pérdida de investidura con la inhabilitación de ejercer la función pública, concluyó el constitucionalista Hugo Estigarribia.
La conducta de los diputados se puede catalogar como un caso de uso indebido de influencias o tentativa de uso indebido de influencias, sostuvo a ABC el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia Gutiérrez. “Está tipificado como delito por el Código Penal como coacción a un órgano constitucional, con pena máxima de 10 años, y también la tentativa se tipifica como delito”, dijo.
Recordó que el artículo 248 de la Constitución garantiza la independencia del Poder Judicial y la norma recalca que en ningún caso los miembros de los otros poderes podrán arrogarse atribuciones judiciales ni intervenir de cualquier modo en los juicios.
“Este ‘ni intervenir de cualquier modo en los juicios’ es lo que se aplica a los diputados. Resulta que los diputados presentan una nota con sello y firman como diputados y constituyen domicilio en la Cámara de Diputados, y hablan de terceros interesados. ¿Interesados en qué? Si ellos están tratando un proyecto de ley, que si bien tiene conexión con esto que estaban estudiando los ministros, es una injerencia en el Poder Judicial”, dijo el especialista en derecho constitucional.
Indicó que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Simón Martínez, quien dio a conocer públicamente el intento de este grupo de diputados de frenar el histórico fallo sobre las declaraciones juradas, también podría haber formulado una denuncia ante el Ministerio Público para que se abra una investigación penal. Igualmente, un particular que tiene conocimiento del hecho tiene la obligación de hacerlo y hasta la Fiscalía puede actuar de oficio.
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