Tenemos que, los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) han ingresado en la mira de control, bajo incidencia directa de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), y ante su trascendencia operacional con respecto a aquellos hechos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En tanto, hemos de hacer hincapié a lo prescripto en la Recomendación 15 ante las nuevas tecnologías que se desarrollan dentro del orden económico.
Es por tanto que el sistema internacional exhorta a los Estados a que consideren enteramente a los activos virtuales bajo la calidad de bienes y/o productos y/o fondos, u otros activos de valor equivalente. Ello permite la distinción del grado de importancia que se le confiere a estas representaciones digitales de valor que pueden, indudablemente, ser comercializados y transferidos.
Así, la incidencia de los proveedores de servicios de activos virtuales PSAV son identificables como un riesgo de lavado, pues bien el auge de las transacciones de activos virtuales vislumbra la importancia de las operaciones vertidas por los proveedores, y, por tanto, una de las medidas para mitigar el sentido de riesgo es que los PSAV tengan que obtener una licencia por parte de la institución responsable, y, ante ello, se debe registrar con toda la individualización de sus negocios.
En tal efecto tenemos que la autoridad competente posee suficiente atribución para requerir toda información a los PSAV que ofrecen productos y/o promocionan servicios relacionados a los activos virtuales, como también la formulación de sanciones que resulten eficaces para mitigar la utilización indebida de la licencia. Así es que estamos llamados a precautelar un sistema reglamentario para activar las medidas idóneas a los efectos de hacer frente a aquellas acciones de agentes que buscan ser beneficiarios finales, ocultando el origen real de los activos.
Ciertamente, lo ideal para el sistema internacional es que las personas físicas y/o jurídicas autorizadas y/o registradas como instituciones financieras, de igual forma, deben ser individualizadas en su carácter de PSAV, para sumarse a las obligaciones indicadas en la recomendación pertinente.
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