La Ley 6355/19 sobre el régimen de Declaración Jurada de bienes debe ser modificada o mejor aún derogada pues parte de la premisa de que todos somos delincuentes, entierra la presunción de inocencia, además de promover el secretismo. Existen modelos de transparencia en Sudamérica que bien pueden tomarse como ejemplos.
Los cambios introducidos en esta ley fueron aprobados sin medir que sería de imposible cumplimiento, como muchas otras leyes que salieron del Poder Legislativo, pero lo más grave es que atenta claramente contra la transparencia y busca desalentar el interés general.
Con las últimas modificaciones hechas a la normativa, que entrará en vigencia entre enero y febrero de 2020 –y que a su vez colisionará con la Ley 5282 de acceso a la información pública, en vigencia desde septiembre de 2015– solo con una sentencia judicial se podrá acceder a las declaraciones juradas significando esto además de pérdida de tiempo, gastos innecesarios al ciudadano que las solicite.
Al no establecer con claridad los plazos que tiene un juez para dictar sentencia podrían pasar años, décadas para que el ciudadano denunciante obtenga la información requerida.
En su artículo 1° sobre “los sujetos afectados para la presentación de la declaración” iguala a los funcionarios públicos o con cargos por elección popular a personas y empresas que eventualmente “reciban fondos públicos o realicen actividades de interés público” para que sean contratados para proveer o prestar servicios al Estado.
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