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CSJ adoptó políticas obligatorias de racionalización del gasto para el ejercicio 2025

CSJ adoptó políticas obligatorias de racionalización del gasto para el ejercicio 2025

La Corte Suprema de Justicia ratificó las medidas dispuestas por el Consejo de Superintendencia para aplicar criterios de austeridad y eficiencia en la ejecución presupuestaria del año 2025. En sesión plenaria celebrada este miércoles, 7 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia aprobó la Resolución Nº 12001, mediante la cual se ratificó la Resolución S2 Nº 87 del Consejo de Superintendencia, que establece las Políticas de Racionalización del Gasto de aplicación obligatoria para el Ejercicio Fiscal 2025. La medida se dio en el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 39, inciso b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, que faculta al máximo tribunal a establecer disposiciones administrativas para el mejor funcionamiento del sistema de justicia. Las excepciones y situaciones no previstas serán evaluadas y resueltas por el Consejo de Superintendencia o el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia ratificó las medidas dispuestas por el Consejo de Superintendencia para aplicar criterios de austeridad y eficiencia en la ejecución presupuestaria del año 2025. La implementación será obligatoria en toda la institución. Se adjunta el documento en PDF.

En sesión plenaria celebrada este miércoles, 7 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia aprobó la Resolución Nº 12001, mediante la cual se ratificó la Resolución S2 Nº 87 del Consejo de Superintendencia, que establece las Políticas de Racionalización del Gasto de aplicación obligatoria para el Ejercicio Fiscal 2025.

La medida se dio en el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 39, inciso b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, que faculta al máximo tribunal a establecer disposiciones administrativas para el mejor funcionamiento del sistema de justicia.

Estas políticas están orientadas a garantizar la optimización, austeridad, economicidad y disciplina en la utilización de los créditos presupuestarios aprobados, y deberán ser implementadas por todas las dependencias de la Administración Central y de las Circunscripciones Judiciales Descentralizadas.

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Corte Suprema
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