El aumento de la deuda pública y el deterioro de la Caja Fiscal marcan el ritmo económico de la actual administración.
A dos años del inicio del gobierno de Santiago Peña, el balance económico refleja una estabilidad en los indicadores macroeconómicos, pero con señales de alerta en el frente fiscal. Así lo advierte un reciente informe de la consultora Mentu, que analiza la evolución de los principales indicadores económicos y sociales desde el 2008 hasta la fecha.
Uno de los focos de preocupación es el crecimiento sostenido de la deuda pública, que alcanzó en junio de este año el 40,9% del Producto Interno Bruto (PIB). Este aumento representa un salto de 7,5 puntos porcentuales en solo un año, equivalente a USD 1.326 millones adicionales de deuda, una cifra que revela la creciente dependencia del financiamiento externo para cubrir las obligaciones del Estado.
Al mismo tiempo, el déficit anualizado a julio de 2025 se ubicó en 2,6% del PIB, y el déficit de la Caja Fiscal continúa en expansión. Al cierre de 2024, esta registró un rojo de G. 2,2 billones, más de USD 300 millones, consolidando una tendencia que se arrastra desde el gobierno de Horacio Cartes. En contraste, en 2018, ese déficit era apenas un tercio del actual.
Pese a estas señales negativas, el crecimiento económico promedió un 4,5% en los últimos dos años, lo que ha permitido cierto respiro macroeconómico. Sin embargo, las brechas sociales persisten: la pobreza total se mantiene en 20,1% y la extrema en 4,1%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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