“Paraguay no implementó efectivamente la ley que establece sanciones penales por corrupción a funcionarios públicos”, refería un informe del Departamento de Estado de EE.UU. hace 1 año, a pocas semanas de que se realicen las elecciones generales. El documento expresa que las investigaciones y acusaciones de corrupción de la Fiscalía, por lo general, fueron efectuadas con lentitud y tardaron varios años para llegar a Tribunales.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a cargo del secretario Antony Blinken, emitió hace un año un informe de los países sobre prácticas de derechos humanos del año 2022, y en uno de sus apartados sobre Paraguay resaltó la endémica impunidad de los funcionarios del gobierno y la lentitud de las investigaciones de los funcionarios públicos por los hechos de corrupción.
De acuerdo con el “Informe de países sobre prácticas de derechos humanos de 2022″ hecho por la oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, el Paraguay no implementó efectivamente la ley que establece sanciones penales por corrupción a funcionarios.
Detalla los cientos de casos de malversación de fondos, evasión de impuestos, enriquecimiento ilícito, abuso de la confianza pública, documentos falsos y asociación delictiva que fueron denunciados mediante los medios de comunicación; sin embargo, las investigaciones desde el Ministerio Público, en ese entonces en manos de Sandra Quiñónez, fueron hechas con lentitud.
“Las investigaciones y acusaciones de corrupción del Ministerio Público por lo general procedieron con lentitud y tardaron varios años en llegar a un veredicto en los tribunales”, señala el documento oficial.
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