El juicio por el caso de los “coquitos de oro” no puede proseguir porque los dos acusados Camilo Soares y Alfredo Guachiré más sus abogados presentan una chicana tras otra debido a que la Corte Suprema de Justicia no toma la decisión de sancionarlos.
Poco es lo que puede hacer el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Juan Carlos Zárate e integrado por sus miembros Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga, ante la actitud obstruccionista que tienen los acusados y algunos de sus abogados, quienes se pasan presentando una chicana tras otra.
Los miembros del Tribunal ya fueron recusados cuatro veces por Soares, Guachiré y sus abogados, pero en todas las ocasiones la Cámara de Apelación confirmó a los magistrados al alegar que los argumentos expuestos por los incidentistas no se ajustan a derecho, sino más bien a chismes de pasillos. Soares y Guachiré por ejemplo refirieron que ya no confían en los jueces debido a que una persona (a quien no identificaron) se les acercó y les pidió plata para el Tribunal. También hablan de personas que ya les comentaron que serán condenados, pero los camaristas José Agustín Fernández, Delio Vera...
Al no prosperar las recusaciones entonces los acusados Soares y Guachiré presentaron una denuncia en la Fiscalía contra el Tribunal de Sentencia al alegar que violaron las medidas sanitarias dispuestas por la emergencia del covid-19. La fiscala Marta Carolina Romero está abocada a esta investigación y ya comprobó que la sala de juicios orales donde se lleva a cabo las incidencias del caso “coquitos de oro” está adaptada para evitar la aglomeración de personas, también se inspeccionó a los jueces para saber su estado de salud y que todos están sanos, por lo que ahora se encuentra en la etapa...
Esta maniobra de los dos acusados es simplemente dilatoria y probando a ver si el Ministerio Público se presta a sus maniobras para buscar un Tribunal de Sentencia a su medida y que puedan manejar con chicanas así como lo vienen haciendo desde hace diez años cuando se inició este caso donde se investiga la compra sobrefacturada de alimentos para la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en el 2009 cuando se declaró emergencia en varios departamentos del país.
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