La Empresa “ganadora” Ricsofan S.A. incumplió varios requisitos pero sospechosamente fue beneficiada por los encargados de manejar las compras en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y a pesar de las protestas sobre dicha adjudicación, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) hace “oídos sordos” al asunto, revela una investigación publicada por la Revista Zeta en su edición impresa de marzo.
Copia de la publicación de la Revista Zeta en la que se evidencia un supuesto negociado en el Poder Judicial, y que implica a la empresa Ricsofan S.A.
La Empresa “ganadora” Ricsofan S.A. incumplió varios requisitos pero sospechosamente fue beneficiada por los encargados de manejar las compras en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y a pesar de las protestas sobre dicha adjudicación, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) hace “oídos sordos” al asunto, revela una investigación publicada por la Revista Zeta en su edición impresa de marzo. Documentaciones a las que accedió la redacción de Zeta Investiga detallan cómo el Comité de Evaluación de la Corte Suprema de Justicia cometió graves errores en el “análisis” presentado...
En esta licitación, Ricsofan S.A incumplió dos requerimientos esenciales establecidos por la CSJ para determinar la experiencia y capacidad técnica. La firma adjudicada no presentó el Registro de Establecimiento Definitivo vigente emitido por el Ministerio de Salud Pública al momento de presentar su oferta. Este registro avala el cumplimiento de las normas higiénicas sanitarias, condiciones edilicias, equipos, procesos de producción, condiciones de manipulación, almacenamiento y conservación de las materias primas utilizadas y de los productos elaborados.
Otro de los requisitos fundamentales que “omitieron” Ricsofan S.A y el Poder Judicial es la no presentación de copias de contratos ejecutados y/o facturas de venta correspondientes al rubro de “Provisión de alimentos”. Dichos contratos no presentados debieron corresponder al periodo 2012, 2013, 2014 y la sumatoria de los mismos debió ser al menos el 50% del monto máximo de la contratación.
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