El conflicto que actualmente enfrenta a las autoridades de la Contraloría y la Fiscalía le hace poco favor a la institucionalidad y a la transparencia que nuestro país tanto necesita para fortalecer el sistema democrático. Las sospechas de irregularidades ante la negativa del Ministerio Público a dejar verificar sus cuentas como la causa abierta sobre supuesto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el contralor son situaciones que deben ser investigadas y esclarecidas debidamente en las instancias judiciales, sin favoritismos ni encubrimientos. No se debe dejar que las pujas de poder y los intereses personales distorsionen o impidan las importantes funciones que ambas instituciones deben cumplir.
La guerra política y mediática que se ha desatado entre la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y el contralor general de la República, Enrique García, le está haciendo mucho daño a la débil institucionalidad democrática y afecta a la necesaria transparencia que deben exhibir los organismos del Estado ante la ciudadanía.
Por un lado, la fiscala Quiñónez ha recurrido al mismo cuestionado mecanismo al que han recurrido muchas otras instituciones, presentando una acción ante la Corte Suprema de Justicia para evitar que la Contraloría pueda auditar las cuentas de la institución y solo tenga que hacerlo el Tribunal de Cuentas. Se recordará que este mismo recurso lo utilizó, por ejemplo, la Intendencia Municipal de Ciudad del Este durante varios años para disfrazar las irregularidades financieras y administrativas, hasta que la propia Corte finalmente aclaró que la Contraloría podía romper el bloqueo, lo cual...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora