La Contraloría General de la República (CGR) incurrió en groseros errores para sostener sus argumentos y evitar entregar las Declaraciones Juradas de altas autoridades. La Corte deberá definir el caso.
“Una interpretación disparatada, caprichosa, contra legem y, por lo tanto, arbitraria es la que usa la Contraloría para sustentar su acción de inconstitucionalidad”, sostiene la defensa del periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano sobre la acción planteada por el ente contralor para evitar cumplir con las sentencias judiciales que le obligan a hacer públicas las Declaraciones Juradas de las más altas autoridades de la República.
En un escrito de casi 30 páginas, el abogado Ezequiel Santagada refutó ampliamente todos los argumentos planteados por el contralor Enrique García para negarse a entregar información pública.
El principal argumento planteado por la Contraloría para no dar a conocer las Declaraciones Juradas es que las mismas están reglamentadas por una ley especial, la 5033, que no podría haber sido modificada por la Ley 5282 por ser esta última una general.
Este argumento fue rebatido ya por el juez Rubén Riquelme en primera instancia y por el Tribunal de Apelación Primera Sala de Asunción. Aun así, el ente contralor insiste en ello.
Leer la nota completa en Diario ABC
