Los elementos probatorios permiten inferir la existencia de una estructura delictiva para cometer fraudes en perjuicio de la Dinac. Así revela la fiscalía, en la imputación contra el extitular Edgar Melgarejo Ginard y otros funcionarios involucrados en la compra sobrefacturada de 4.000 tapabocas. En el documento se detalla cómo funciona el esquema.
La hipótesis delictiva planteada por el Ministerio Público en el caso de los tapabocas consiste en la existencia de un esquema delictivo para la comisión de un fraude en perjuicio de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Las evidencias obtenidas, según la imputación fiscal, sugieren que el esquema delictivo se habría diseñado a través del uso de figuras legales con el fin de desviar fondos públicos y de esa manera encubrir la participación del o los beneficiarios reales de las ganancias ilícitas.
Para comprender mejor el alcance e implicancia de esta hipótesis, refiere la imputación, es importante traer a colación algunas cuestiones que hacen a las tipologías de actos de corrupción utilizadas en el sector público.
Una de las tipologías identificadas en hechos de corrupción pública, ya sea para desviar fondos públicos o encubrir coimas, entre otras situaciones, ha sido el uso de estructuras legales para ocultar los activos robados. Es decir, el uso de corporaciones, sociedades pantallas, etc.; llamadas también vehículos corporativos, enfatiza el documento que fue firmado por los fiscales Osmar Legal, Federico Delfino y Alicia Sapriza.
En el caso de la adquisición de las mascarillas por la Dinac de la empresa Proyectos Global SA, consistiría en que funcionarios infieles habrían utilizado como mecanismo para desviar indebidamente fondos públicos la figural legal de la compra de bienes en virtud de las normativas dispuestas en materia de Contrataciones Públicas y acordes a las nuevas directrices dictadas por el Gobierno ante las medidas sanitarias impuestas en el marco de mitigación a la propagación del covid-19, en todo el territorio nacional.
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