Javier Pintos, uno de los concejales imputados por el caso EMPO, responsabilizó a la intendencia de Asunción por no haber advertido a la Fiscalía la adulteración del certificado de cumplimiento tributario por el cual esa empresa pretendió seguir cobrando por prestar el servicio de administración del vertedero de Cateura.
Pintos mencionó que EMPO había presentado una nota en la que manifestaba su cambio de razón social de SRL (Sociedad de responsabilidad limitada) a SA (Sociedad Anónima), la cual fue remitida por la intendencia a la Junta Municipal para su homologación. “Nosotros actuamos en función de nuestras atribuciones. Rechazamos entendiendo que el cambio de razón social no implica desligarse de los compromisos que pudieran tenerse desde la anterior, en este caso EMPO SRL”, explicó Pintos en conversación con La Unión.
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Al día siguiente de esa resolución, dijo que medios de prensa revelaron que la intención de EMPO era cambiarse de razón social para evadir impuestos que cargaba desde hace tiempo con el fisco paraguayo. “Al tomar conocimiento de esto, revocamos el pedido, recomendamos a la intendencia municipal intervenir el vertedero de Cateura e iniciar una investigación sobre la denuncia (periodística) referida”, aseveró Pintos.
En ese sentido, el concejal dijo que de forma simultánea la propia EMPO solicitó a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) un plan de pago fraccionado de su millonaria deuda con el fisco “referida como causal o motivo del cambio de razón social”, ante lo cual esta institución pide un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que finalmente acordó ese plan de abono de impuestos, emitiendo un certificado de cumplimiento tributario provisorio en base a ese acuerdo.
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