La historia reciente del Paraguay recordará con profunda indignación el paso del renunciante ex titular del Ministerio Público, cuya gestión no solo representó una administración deficiente, sino un verdadero golpe al corazón del Estado de derecho. Al frente de la institución encargada, por mandato constitucional, de representar a la sociedad y ejercer la acción penal pública, su desempeño se convirtió en el principal catalizador de la impunidad, erosionando la confianza ciudadana y dejando una herida abierta en la dignidad nacional.
Lejos de honrar la autonomía y la investidura que le confería la Constitución Nacional, el exfiscal general del Estado desnaturalizó el ejercicio de la acción penal pública, sometiéndola a una vergonzosa obediencia al poder político de turno y a una total sumisión ante los poderes fácticos. Con nula independencia de criterio, transformó la persecución penal en un instrumento selectivo: ciego y paralizado ante los grandes esquemas de corrupción del poder, pero implacable cuando convenía a intereses subalternos o a la persecución de adversarios. Esa «mirada hacia otro lado» frente al saqueo...
El daño infligido al Paraguay trasciende lo meramente patrimonial. Si bien el perjuicio material causado por la lentitud deliberada, el cajoneo de causas emblemáticas y la negligencia investigativa es incalculable, el daño moral perpetrado contra las instituciones de la República es aún más devastador. Al arrodillar la función fiscal ante las presiones políticas y económicas, se sembró en la sociedad paraguaya la peligrosa certeza de que la ley no es igual para todos, destruyendo la credibilidad del sistema de justicia y convirtiendo al Ministerio Público en una vergüenza para la comunidad...
En el plano externo, esta pésima administración proyectó al mundo la imagen de un país atrapado en las garras de la inseguridad jurídica, donde las instituciones responden a mandatos ocultos antes que a la ley. Ninguna nación puede aspirar al desarrollo ni atraer inversiones serias cuando el órgano encargado de garantizar la legalidad actúa como escudo protector de la delincuencia organizada, del poder político corrupto y de los delincuentes de cuello blanco. La desidia y la genuflexión en la persecución penal debilitaron la institucionalidad democrática y expusieron al Paraguay al...
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