Desde el 2020, las compras públicas por bienes y servicios de origen nacional pasaron de costar 20% a 40% más caras frente a los importados, con argumento de apoyar a la producción. El Ejecutivo lo había rechazado, pues los rubros más adquiridos no requieren incentivos.
En 2020 -en medio de la crisis económica debido a la que derivó en una caída de la recaudación del fisco-, el Congreso aprobó aumentar de 20% a 40% el margen de preferencia en por bienes y servicios de origen nacional. La , sin embargo, entró en vigencia.
En ese entonces, el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, había calificado de ventaja abusiva, pues obliga al Estado a comprar artículos pese a ser más caros que otros similares y con la excusa de la promoción a la industria nacional.
De hecho, en pandemia, los rubros que obtuvieron contratos de mayor valor con el Estado fueron los rubros farmacéutico y de obras públicas, sin que requieran mayor incentivo.
Las modalidades adjudicadas beneficiadas con margen de preferencia son licitaciones públicas, contratación directa y concurso de ofertas. Hasta ahora, DNCP no reportó cuánto más pagó el Estado aplicando esa normativa en las adquisiciones.
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