Desde el Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) remarcaron que el reglamento de Seprelad que obliga a reportar actividades sospechosas “rompe” el secreto profesional, por lo que es inconstitucional. Anunciaron que recurrirán a las instancias correspondientes para revertirlas. Igualmente, dieron a entender que fueron dispuestas para cumplir con la recomendación de GAFI.
Manuel Riera Domínguez (d), en la asamblea donde fue elegido presidente del Colegio de Abogados del Paraguay.
El 1 de septiembre entró en vigencia la reglamentación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que establece que los profesionales del derecho reporten las actividades sospechosas de sus clientes.
El presidente del CAP, Manuel Riera, señaló que dicho reglamento es inconstitucional y, además, rompe el principio de confidencialidad entre abogado y cliente, por lo que anunció que recurrirán a instancias judiciales.
Refirió también que la reglamentación fue establecida mediante una resolución firmada por el titular de Seprelad, Carlos Arregui, por lo que no tiene la calidad de un decreto del Poder Ejecutivo.
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