Para la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) la suspensión del protocolo de desalojo no hace más que profundizar la violencia y criminalizar a los ocupantes de tierras. A su vez, los campesinos piden una mesa de trabajo para negociar reubicaciones y evitar las peores consecuencias en los procedimientos.
Varios cuestionamientos de gremios y organizaciones sociales se dirigen al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien entre polémicas decisiones anunció la semana pasada que queda sin efecto un protocolo de desalojo vigente desde el 2013 con el objetivo de “acelerar” los procesos.
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