Víctimas exigen que empiece el juicio oral y público de la causa que investiga un presunto fraude perpetrado por ex directivos de la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Contraloría General de la República (CGR), contra sus asociados. Los funcionarios de la CGR afectados por presunta estafa cometida por las autoridades de dicha asociación mencionan que ya son más de cinco años de litigio, y con más dilaciones que respuestas positivas por parte de la Justicia. Los funcionarios exigen celeridad en la revisión de las apelaciones interpuestas por la defensa de los ex directivos.
El calvario de Eduardo Villalba, víctima querellante, se inició siete meses después de que entregó a dicha asociación un cheque por valor de G. 35 millones para liquidar sus cuentas con la entidad. “Me llamaron todas las financieras a decirme que la Aso no honró mis cuentas y que debía volver a pagar”, señaló. Según Villalba, el dinero que había entregado lo retiró como préstamo de una cooperativa a la que debía pagar G. 48 millones. A partir de ese momento tuvo que solicitar otros prestamos, porque los embargos se le vinieron encima. “Por los embargos, llegué a cobrar G. 200.000 de mi...
Querellante dijo que las malversaciones realizadas por los ex directivos de la Aso le cuestan más de G. 100 millones y hasta vende almuerzos a sus compañeros para recuperar la estabilidad de su hogar.“Complicidad entre juez y abogado”La abogada Olga Rojas, funcionaria de la CGR y afectada directa, señaló que existiría una complicidad entre el juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, y el abogado Santiago Brizuela, que aparte de desempeñarse como defensor de Adalberto Arévalos, uno de los imputados por el caso, es presidente del Tribunal Electoral Independiente de la Asociación Nacional...
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