La semana pasada, un tribunal declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del ex titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, de Guillermo Alcaraz y Marta Benítez Morínigo, procesados por el caso Metrobús, un proyecto multimillonario que quedó en la nada. Una primera denuncia por lesión de confianza fue presentada en mayo de 2018 por el ingeniero Hermann Pankow, en representación de los frentistas afectados, contra el ex ministro Jiménez Gaona y la ex viceministra de Finanzas de dicha cartera, Marta Benítez. Otra denuncia penal fue presentada por el senador liberal Salym Buzarquis, también contra Jiménez Gaona y los responsables de los supuestos ilícitos de lesión de confianza y estafa, destacando que la frustrada obra dejó una deuda de 50 millones de dólares al Estado paraguayo, además de que la empresa contratista, Mota Engil, reclama otros USD 18 millones. a la ex viceministra de Administración y Finanzas de la cartera de Estado, Marta Regina Benítez Morínigo y a Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger (ex gerente del programa). Igualmente, la acusación al ex alto funcionario apunta que habría iniciado las construcciones de la obra sin contar con el diseño final de ingeniería, presentado por la empresa contratista Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA, y tampoco hubo “un estudio hidrológico”.
La semana pasada, un tribunal declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del ex titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, de Guillermo Alcaraz y Marta Benítez Morínigo, procesados por el caso Metrobús, un proyecto multimillonario que quedó en la nada. Los acusados ya pueden ser convocados para la audiencia de imposición de medidas, luego de más de 5 años de haberse presentado la denuncia.
El Metrobús había sido presentado como una gran obra para modernizar y solucionar parte el caótico y colapsado transporte público en Asunción y el área metropolitana, pero resultó en una estafa para la ciudadanía, ya que a pesar de las millonarias primeras inversiones, la obra no logró avanzar y perjudicó a cientos de comercios y emprendimientos sobre la avenida Eusebio Ayala y la ruta Mariscal Estigarribia, ocasionando pérdidas económicas para el Estado y la población.
Una primera denuncia por lesión de confianza fue presentada en mayo de 2018 por el ingeniero Hermann Pankow, en representación de los frentistas afectados, contra el ex ministro Jiménez Gaona y la ex viceministra de Finanzas de dicha cartera, Marta Benítez. Posteriormente, fue ampliada en setiembre del mismo año, involucrando a más funcionarios.
Otra denuncia penal fue presentada por el senador liberal Salym Buzarquis, también contra Jiménez Gaona y los responsables de los supuestos ilícitos de lesión de confianza y estafa, destacando que la frustrada obra dejó una deuda de 50 millones de dólares al Estado paraguayo, además de que la empresa contratista, Mota Engil, reclama otros USD 18 millones. La empresa solo concluyó 800 metros de los 16,4 kilómetros del proyecto, cobrando USD 21 millones.
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