La crisis financiera de Ueno Bank, que desembocó en la destitución de Santiago Peña de la Presidencia de la República, vuelve a poner bajo la lupa las modificaciones legislativas que flexibilizaron las restricciones para el paso de funcionarios entre el sector público y las empresas privadas.
La senadora opositora Esperanza Martínez anunció que impulsará una reforma para recuperar las disposiciones eliminadas por la mayoría cartista en 2023 y reforzar los mecanismos destinados a prevenir conflictos de intereses en las altas esferas del Estado.
La iniciativa pretende modificar la Ley N.º 7236, aprobada a finales de 2023, que redujo varias de las exigencias establecidas originalmente en la Ley N.º 7089, conocida como ley de puertas giratorias. Esta última había sido promulgada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez con el propósito de establecer límites y controles para evitar que las autoridades públicas favorezcan intereses empresariales con los que mantuvieron relaciones profesionales o comerciales.
Martínez, integrante de Participación Ciudadana, adelantó que presentará su propuesta legislativa durante la próxima semana, en medio del debate sobre las responsabilidades políticas e institucionales relacionadas con el crecimiento de Ueno Bank y su posterior colapso.
"Queremos recuperar las prohibiciones eliminadas por el cartismo y fortalecer los controles para evitar que los intereses privados se sigan mezclando con la función pública", manifestó la parlamentaria.
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