Humberto Otazú, juez natural del caso de los 3.700 millones supuestamente desviados del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), no pudo actuar en la causa por dos años; ello debido a que la Corte Suprema tardó ese tiempo en expedirse sobre un recurso de apelación, que finalmente resultó improcedente. El 27 de junio de 2016, […]
Humberto Otazú, juez natural del caso de los 3.700 millones supuestamente desviados del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), no pudo actuar en la causa por dos años; ello debido a que la Corte Suprema tardó ese tiempo en expedirse sobre un recurso de apelación, que finalmente resultó improcedente.
El 27 de junio de 2016, Víctor Llano, uno de los acusados, junto a los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy, presentó una recusación al juez Otazú; esta fue rechazada el 8 de julio de 2016. Llano apeló y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. El organismo rector remitió una respuesta recién el 16 de marzo del 2018.
Entre la presentación de la recusación y la resolución de la Corte –que finalmente confirmó lo dispuesto por el Tribunal de Apelaciones en el 2016– la causa de los 3.700 millones fue llevada por el juez interino Julián López.
Tiempo perdido. Mientras la Corte Suprema no se expedía, la causa descansó sobre el juez interino. Este incidente, en la práctica, significó una puesta en cero a todo el proceso que se encontraba en etapa incipiente, atendiendo que la acusación se realizó entre mayo y abril del 2015.
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