AREGUÁ. Culminó la pericia documental y arquitectónica realizada por la Fiscalía, y al igual que al informe de la auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), se confirmarían las innumerables y groseras irregularidades en torno a la ejecución de US$ 1 millón (G. 6.382 millones) del fondo Covid-19, que la Gobernación de Central recibió del Gobierno Nacional para reactivar la economía en el XI departamento durante la pandemia. De esta manera, la hipótesis del Ministerio Público se fortalece.
Peritos de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) finalizaron la pericia documental y arquitectónica, relacionada a la supuesta mala ejecución de US$ 1 millón de la Gobernación de Central. El informe ya fue anexado a la carpeta fiscal de la causa más conocida como “facturas clonadas”, que involucra al exgobernador de Central, el colorado Hugo Javier González Alegre (cartista), imputado y con arresto domiciliario.
Los hechos investigados por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Luis Said son lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal. Desde noviembre del año pasado fueron imputadas 15 personas, incluyendo al exgobernador Hugo Javier, además de funcionarios de la Gobernación, contratistas y miembros de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), que recibió G. 5.105 millones de la institución departamental en 2021, del fondo covid-19.
Según el fiscal Estigarribia, las pericias arquitectónica y documental estarían confirmando la hipótesis del Ministerio Público. Agregó que el informe de los peritos es similar al informe final de auditoría hecho por la Contraloría General de la República. El agente dijo además que la investigación sigue su curso dentro de los plazos establecidos.
En mayo de este año la Contraloría informó sobre el resultado de la auditoría realizada a la administración del exgobernador Hugo Javier y había confirmado la existencia de muchas facturas clonadas a nombre de CIAP, cuyo titular es Tadeo Álvarez (imputado y con arresto domiciliario), y que además fueron utilizadas en la rendición de cuentas presentada tanto por la fundación y la Gobernación para justificar el supuesto uso de G. 5.105 millones.
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