El ex magistrado y su colega, Carlos Fernández Gadea, habían radicado la demanda en abril del 2004 ante la CIDH alegando supuesto atentado contra la independencia del Poder Judicial.
La denuncia fue admitida en marzo de 2009, y la Comisión Interamericana había recomendado una solución amistosa, con la reposición en el cargo, a más del pago de los salarios caídos, más los costos y costas del litigio.
Sin embargo, en aquella ocasión, el Paraguay rechazó esa solución. Ahora, tras diez años, la CIDH realizó su informe de fondo, donde encontró –según entiende– que existe violación de la independencia del Poder Judicial.
Con ello, en su recomendación, señala también que se debe reponer en el cargo al ex ministro de la Corte, el pago de los salarios caídos, costos y costas del juicio, o en su caso, abonar una indemnización.
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