La resolución de la Cámara de Apelaciones, con los votos de Cristóbal Sánchez y Gustavo Auadre, permitió una “situación de impunidad grave” en el caso “tapabocas de oro”, considerando que la compra sobrefacturada de mascarillas vencidas, causó un perjuicio al patrimonio del Estado paraguayo, “en un momento sensible para la sociedad (pandemia)”. “Además, el sobreseimiento […]
La resolución de la Cámara de Apelaciones, con los votos de Cristóbal Sánchez y Gustavo Auadre, permitió una “situación de impunidad grave” en el caso “tapabocas de oro”, considerando que la compra sobrefacturada de mascarillas vencidas, causó un perjuicio al patrimonio del Estado paraguayo, “en un momento sensible para la sociedad (pandemia)”. “Además, el sobreseimiento definitivo dictado de manera ilegítima en la causa, genera una situación de mayor sensación de corrupción pública en la ciudadanía”, aseguró la fiscala adjunta Soledad Machuca. Es en el escrito de casación que presentó ante...
El Auto Interlocutorio impugnado, Nº 155 del 14 de junio de 2024, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, de la Circunscripción Judicial de Capital, en esencia, genera un perjuicio al titular de la acción penal pública, en razón de que mediante una resolución infundada y arbitraria, se priva al Estado paraguayo de obtener la debida y plena protección respecto de la severa y dolosa lesión perpetrada a los funcionarios del Estado y a la sociedad.
En concreto, el fallo de alzada erróneamente: 1) anuló la acusación contra los señores Edgar Melgarejo Ginard, Juan Carlos Turitich, Marcelo Rubén Ovelar y Luz María Chamorro Báez, funcionarios de Dinac, aún cuando los requerimientos fiscales no son anulables; y dictó un sobreseimiento definitivo como consecuencia de la nulidad; 2) exigió congruencia y exactitud entre los relatos sucinto (plataforma fáctica) exigido en la imputación y la indagatoria con respecto a la relación precisa y circunstanciada del hecho, requerida para la acusación cuando la congruencia se requiere entre acusación,...
Con relación al primer agravio, la nulidad de la acusación se contrapone a posturas adoptadas por la Corte Suprema de Justicia, que sostienen que no puede anularse un requerimiento del Ministerio Público.
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