En una mesa de trabajo entre la Fiscalía, la Subsecretaría de Tributación y la Contraloría, se estableció un sistema burocrático de análisis de perfiles y exámenes de correspondencias de bienes antes de abrir causas por las escandalosas DD.JJ.
La primera reunión de la mesa de trabajo conformada entre el Ministerio Público, la SET y la Contraloría General, se llevó a cabo ayer y estuvo encabezada por la propia fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
También participaron el contralor general, Camilo Benítez, el viceministro de la Subsecretaría de Tributación, Óscar Orué, además de los fiscales de Delitos Económicos Liliana Alcaraz y Osmar Legal, entre otros.
Luego del primer encuentra para trazar una línea de trabajo en cuanto a las escandalosas declaraciones juradas que se alzaron en la página web de la Contraloría, se estableció que la SET realizará los perfiles de riesgo y remitirá los reportes a la Contraloría, para que éste órgano de control lleve a cabo exámenes de correspondencias de bienes.
Esto se hará antes de abrir investigaciones fiscales, lo cual genera un alto rechazo de ciudadanos (quieren pesquisa ya), ya que es el Ministerio Público el que tiene la persecución penal de hechos de corrupción y el sistema burocrático puede repercutir en los plazos, ya que solo pueden ser indagados bienes adquiridos en los últimos 10 años. Asimismo, se sospecha que esa disposición está dando tiempo a los “tramposos” para “hacer desaparecer” bienes.
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