Un documento oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, remitido formalmente por el Poder Ejecutivo a la “Comisión Especial para el Estudio de la Situación Financiera y la Sostenibilidad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público” de la Cámara de Diputados, señala que el déficit galopante de la Caja Fiscal se debe a la disparidad de beneficios que no pueden ser financiados con un mismo aporte del 16%. Pero mientras este informe indica que es crucial y perentoria una reforma que eleve e iguale la edad de retiro y los años de aportes de los funcionarios públicos, el presidente Santiago Peña abiertamente respaldó la jubilación vip de los propios parlamentarios y esa misma Cámara de Diputados, con mayoría cartista, sancionó hace muy poco un proyecto de ley para autoasignarse todavía más privilegios.
Como gran cosa, la Cámara de Senadores rechazó en su última sesión y devolvió a la Cámara de Diputados un proyecto que reduce de 10 a 7 años el lapso mínimo de aportes a la Caja Parlamentaria para jubilarse. Se fundamentó que ello sería muy oneroso para el Estado. Lo que no se escuchó decir en la sesión fue que los ciudadanos comunes y corrientes de este país, esos mismos que les pagan el sueldo y les costean con sus impuestos sus cómodos retiros, si tienen la suerte de estar adheridos a algún sistema de seguridad social, deben contribuir 25 o 30 años para aspirar a una pensión.
Con apenas diez años de aportes, o dos períodos, los congresistas se hacen felices acreedores de una jubilación de por vida del 60% de su última asignación, lo que a la fecha asciende a G. 22.740.000 al mes, trasladable a cónyuge o hijos menores o discapacitados. Si son quince años o tres períodos, la jubilación sube a G. 30.320.000 por mes. Y si el legislador en cuestión no completa el tiempo mínimo u opta por no acceder al beneficio, puede retirar el 100% de todos sus aportes de una sola vez, con lo cual no contribuye ni un centavo al sistema solidario de reparto.
En el sector privado, particularmente en el Instituto de Previsión Social, un trabajador debe aportar 30 años para jubilarse a partir de los 55 con el 80% del promedio de sus salarios reportados en los últimos diez años, según la reciente modificación del método de cálculo, o esperar a los 60 años cumplidos y tener por lo menos 25 de contribución.
En el resto del sector público hay varios segmentos de funcionarios con jubilaciones de privilegio, que es el motivo por el cual la Caja Fiscal tiene un déficit exponencial que pone en peligro la sostenibilidad de las finanzas estatales en el mediano plazo, pero ninguno supera al de los senadores y diputados, que son, paradójica y cínicamente, quienes tienen que aprobar la reforma y exigirles a los demás adecuaciones y sacrificios que ellos no están dispuestos a hacer.
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