Iván Lisboa – ilisboa@uhora.com.py
Sin concurso, sin el aval técnico de Hacienda y beneficiando a solo 2.123 personas dentro de un universo de 300.000, la libertad de pensamiento nos lleva a considerar que estos generosos reajustes –de entre el 2% y el 251%– fueron puntillosamente planeados y ejecutados por un órgano al que en los últimos tiempos poco y nada importa cuando del dinero del contribuyente se trata.
Pero los problemas no vienen solos del Congreso. El nefasto precedente que representa esto hizo que el Fisco, acorralado tras intentar blanquear la situación, optara finalmente por congelar el pago de salarios a los beneficiados con los aumentazos.
Al parecer, a quien no le hizo efecto el cuestionamiento masivo es a la Secretaría de la Función Pública (SFP). De acuerdo con su Dictamen 01/19, elaborado por la Asesoría Técnica Jurídica, los aumentos no violan ninguna legislación, reduciendo la obligatoriedad legal de los concursos a simples trámites administrativos. Es decir, concedamos si que los aumentos de salarios, lo que dice la Ley 1626 acerca de los concursos, veamos después nomás, no es importante. Terrible.
Evidentemente, dejar esta clase de precedente no es una señal positiva para un país como el nuestro que se ha caracterizado en los últimos años por su política fiscal responsable en términos de déficit y de salarios, y que ha tenido como obstáculo principal a la clase política para alcanzar el anhelado grado de inversión.
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