Respecto a la hipótesis de que un candidato haya declarado como financistas de su campaña a ciertas personas, y que se demuestre que en realidad estos no son los verdaderos aportantes o que dicha persona no tiene cómo justificar de dónde provino el dinero, afirmó que automáticamente el caso se convertiría en posible lavado de dinero.
“Ellos están obligados a decir cuál es el origen del dinero utilizado en campaña. La persona que aportó tiene la obligación de decir de dónde sacó ese dinero. Eso es hoy, y de alguna manera, los sujetos obligados, que son los bancos y las financieras, al no tener claridad del origen de esos fondos, tienen la obligación de reportar a la Seprelad... La Fiscalía tendría que tener intervención directa”, expresó el ministro respecto a los aportes de dinero a las campañas políticas de los partidos.
VACÍO LEGAL. Respecto a las rendiciones de campaña que por la Ley de Financiamiento Político deben presentar los partidos a la Justicia Electoral, Arregui manifestó que existe un vacío legal, ya que no está claro aún quién controla la veracidad de los aportes y gastos de campaña que rinden.
“Por eso se están haciendo estos estudios desde hace cuatro meses, desde que estoy en esta administración, porque ahí hay un vacío legal en esa parte, porque la Justicia Electoral tampoco supervisa de una manera específica a los partidos políticos. Entonces, como queda en el limbo eso, donde tiene que regularse de una manera más clara eso, se conformó una comisión técnica”, detalló.
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