Por Óscar Germán Latorre: La actual convocatoria del Consejo de la Magistratura para la conformación de la terna de candidatos a Fiscal General del Estado pone en evidencia una vez más, que el sistema de nombramientos de magistrados judiciales, fiscales y defensores públicos se ha constituido en un factor gravitante para el progresivo debilitamiento … Árbol que nace torcido Leer más »
La actual convocatoria del Consejo de la Magistratura para la conformación de la terna de candidatos a Fiscal General del Estado pone en evidencia una vez más, que el sistema de nombramientos de magistrados judiciales, fiscales y defensores públicos se ha constituido en un factor gravitante para el progresivo debilitamiento de la independencia del poder judicial.
Con un cuerpo colegiado integrado por un solo ministro de la Corte Suprema de Justicia y los 7 restantes que representa al Poder Ejecutivo, a la Cámara de Diputados, a la de senadores, dos del gremio de abogados y dos de la Facultad De Derecho hace que la integración de cualquier terna de candidatos se encuentre influenciada por intereses políticos, personales que no pocas veces se tornan inconfesables y que se traducen en procesos de selección muy poco transparentes que hacen perder el interés de muchos abogados altamente calificados para acceder a los cargos.
La apresurada convocatoria a concurso para cubrir el cargo de Fiscal General del Estado sobreviene a 4 años de indisimulados intentos del Ejecutivo y de sus aliados en el Congreso de someter a juicio político a la fiscal general Sandra Quiñónez.
Sin pretender la menor defensa de la gestión de la actual fiscal general del Estado, resulta indudable que la guerra declarada por un sector político contra la titular del Ministerio Público ha venido debilitando a la institución, que se ha convertido en un cuerpo de fiscales y funcionarios desprovistos de los necesarios lineamientos sobre la forma de ejercer la persecución penal y de una política criminal claramente establecida.
Leer la nota completa en El Observador