La reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso United States v. Skrmetti, al denegar derechos a las personas transgénero frente a una ley del estado de Tennessee, ha reavivado un debate que subyace en lo profundo de la sociedad estadounidense y de muchas democracias constitucionales actuales. En este caso concreto, los demandantes –adolescentes transgénero y sus padres, apoyados por un médico– han sostenido que la ley del Estado mencionado violaba su derecho a recibir tratamientos hormonales, y bloqueadores de pubertad. La decisión de la Corte, por mayoría de 6 votos contra 3, avaló la mencionada ley de Tennessee, prohibiendo en adelante los tratamientos médicos –de bloqueadores de pubertad y hormonales– a menores con disforia de género. En principio, la decisión de la Corte no consideró que la ley discriminaba. La única función del Tribunal, escribió, es garantizar que la ley no viole la garantía constitucional de igualdad ante la ley. La jueza Sotomayor, quien se había resistido a la ley en las audiencias preliminares, argumentó que el Tribunal, al validar la ley, se había distanciado de una revisión judicial relevante dejando a “los niños transgénero y sus familias a merced de los caprichos políticos”. Y que la ley, efectivamente, discrimina a las personas transgénero al clasificarlas según su sexo.
La reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso United States v. Skrmetti, al denegar derechos a las personas transgénero frente a una ley del estado de Tennessee, ha reavivado un debate que subyace en lo profundo de la sociedad estadounidense y de muchas democracias constitucionales actuales. Conflicto que, más allá de sus consecuencias jurídicas y legales, remite a visiones antitéticas de lo que constituye la condición humana. En este caso concreto, los demandantes –adolescentes transgénero y sus padres, apoyados por un médico– han sostenido que la ley del Estado...
Los jueces son como árbitros. Que los jueces no hacen las reglas, sino que las aplican, fue una afirmación del mismo juez Robert en la audiencia del Senado de confirmación de su nombramiento hace veinte años. El juez –dijo entonces– es como un árbitro. O del umpire, para los fanáticos del béisbol. Imparcial. Neutral.
Y ahora mantiene la misma postura. Es lo que reafirmó en esta sentencia. La única función del Tribunal, escribió, es garantizar que la ley no viole la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Y no existiendo tal violación, se dejan “las cuestiones sobre su política en manos del pueblo, sus representantes electos y el proceso democrático”. La derivación de esa afirmación es clara: los conflictos al interior de la democracia, sean culturales o científicos, están fuera del alcance de los magistrados. El juez debe sustraer al Tribunal del fragor de la lucha política. Esa ha sido la...
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