El sistema financiero paraguayo estaría administrando alrededor de US$ 16.000 millones, de los cuales alrededor de US$ 3.400 millones son recursos provenientes del sistema previsional, es decir, de transacciones que realizan las distintas cajas de jubilaciones y pensiones que funcionan en el país.
En este sentido, en el país los programas de pensiones están conformados por cajas públicas y privadas como la Caja Fiscal (empleados del sector público), la Municipal, la Bancaria, de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la de Itaipú Binacional, la Parlamentaria y la Ferroviaria. Además, forma parte de este sistema el Instituto de Previsión Social (IPS), creado por el Gobierno, pero de funcionamiento autónomo. Además, activan programas de pensiones privados integrados por la Caja Mutual de Cooperativistas, Médica y Caja de Profesores de la Universidad Católica.
La Encuesta Permanente de Hogares del año 2017 revela que de una población ocupada de 3.285.722 personas, solo 20,7% (680.144) aporta a un sistema de jubilación, y las otras 2.605.578 que trabajan, están fuera del esquema de un seguro social.
Un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que el 23% de los trabajadores paraguayos aporta a un sistema de seguridad social, porcentaje muy bajo aún si se compara con el promedio de la región del 45%.
Tal como muestran los datos, en el Paraguay no existe un ente que supervise los fondos jubilatorios, es decir, que brinde las garantías de que los recursos están siendo bien invertidos bajo los tres pilares de liquidez, seguridad y rentabilidad, sumado a que la cobertura del sistema de seguridad social se encuentra muy lejos del nivel manejado en la región.
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