Las comisiones de Cuentas y Control, de Asuntos Económicos y la de Bienestar Rural de la Cámara Baja dictaminaron ayer por el rechazo de un proyecto de ley que debe ser tratado en la fecha, que plantea condonar una deuda con el Fondo Ganadero, que impide transferir un inmueble expropiado en 1988 por el Estado, advirtiendo que puede generar una grave jurisprudencia. En 2004 se había denunciado pago de coima para acelerar cobro por la expropiación por parte del Gobierno, que hasta ahora no tituló las tierras.
El caso tendría un fuerte tufo a corrupción, o cuando menos una grave negligencia de las instituciones del Estado. En 1988, se dispuso la expropiación de la propiedad de 743 hectáreas, ubicadas en una zona conocida como Paso Carreta, actualmente denominada Colonia 22 de Abril, en el municipio de Natalio, Itapúa, donde desde 1973 ya están asentadas unas 100 familias.
Lo grave del caso es que el Estado pagó por orden judicial G. 1.486 millones en 2004 por la expropiación de estas tierras al entonces propietario Eladio Gaona Lugo, pese a que en paralelo, en el año 2000, el Fondo Ganadero (FG) ejecutó una hipoteca sobre el inmueble por una deuda de G. 324.799.171 que Gaona Lugo nunca pagó.
El proyecto de ley proveniente del Senado plantea condonar la deuda de Gaona Lugo con el Fondo Ganadero para permitir la transferencia, algo que las comisiones de Diputados rechazaron, advirtiendo que dejará un nefasto precedente, si prospera, ya que implicaría que el Estado se haga cargo de la irresponsabilidad de una personas, que además cobró millones y aún así no honró sus deudas.
Todo esto hizo que desde 1988 hasta hoy, es decir en 34 años, el Gobierno no pudiera tramitar el traspaso del título de propiedad, haciendo que Gaona Lugo, que ya cobró su dinero, siga figurando como propietario de las tierras.
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